Ricardo Gil Lavedra
El Dr. Ricardo Gil Lavedra es uno de los abogados más respetados del país. Integró el tribunal en el Juicio a las Juntas y fue ministro de Justicia de la Nación. También fue conjuez de la Corte Suprema, vicepresidente del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas y juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy es el presidente del CPACF y nuestro candidato para continuar las transformaciones que comenzamos hace 2 años: la modernización del Colegio, la profesionalización de los servicios, la defensa de la abogacía y las capacitaciones de excelencia.
Estos son los valores de Unidad, la lista integrada por 13 agrupaciones de distintos orígenes, espacios e inclinaciones, quienes coinciden en que no hay mejor representante para la abogacía que el Dr. Ricardo Gil Lavedra, más aún en épocas de crisis.
La Lista 67 Unidad está compuesta por
• Abogacía por un Nuevo Derecho
• Abogados de la Ciudad
• Abogados de Pie
• Abogados en Acción
• Abogados Esenciales
• Abogados por Argentina
• Bloque Constitucional
• Cambio Pluralista
• Confluencia de Abogados
• Encuentro de Abogados Independientes
• Justa Causa
• Presencia y Acción
• Será Justicia
Hace 2 años, tras 16 años de una gestión liderada por una misma agrupación, nos eligieron para cambiar el rumbo de un Colegio cerrado y obsoleto
EN ESTE BREVE TIEMPO AVANZAMOS EN ORDENAR EL COLEGIO Y TRAERLO AL SIGLO XXI
MODERNIZACIÓN DEL COLEGIO
Lanzamos la app oficial para que todos los servicios del CPACF estén al alcance de los/as matriculados/as: desde sacar turnos para trámites, legalizaciones y hasta pagar bonos y matrícula. Pusimos en marcha la digitalización de nuestros expedientes y vamos hacia la despapelización de todos los trámites del Colegio.
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
Firmamos un convenio con el Dial.com para que los/as matriculados/as puedan acceder a un servicio de información jurídica online sin cargo. Abrimos y acondicionamos espacios de coworking y salas de profesionales para que todos los/as matriculados/as afectados/as con los cambios que trajo la pandemia dispongan de un lugar para trabajar.
DEFENSA DE LA ABOGACÍA
Logramos la actualización automática de la UMA y nos opusimos férreamente al Proyecto de Sucesiones Notariales y a la Ley de disolución del matrimonio mediante trámite administrativo. A través de un amparo conseguimos dejar sin efecto la Circular 22/23 de la ANSES, que excluía la representación letrada para sus trámites. Tomamos la misma acción contra la recientemente aprobada Ley Antilavado, que viola la imprescindible confidencialidad entre abogado/a y cliente.
CAPACITACIONES DE EXCELENCIA
Realizamos más de 500 actividades académicas en los salones y aulas del Colegio que renovamos edilicia y tecnológicamente. En estas actividades se inscribieron y asistieron casi 30.000 profesionales. En estas capacitaciones participaron algunos de los grandes referentes del Derecho como el Dr. Lorenzetti, la Dra. Kemelmajer, el Dr. Ackerman y la Dra. Compiani, entre otros/as.
CUMPLIR EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA PARA DEFENDER EL DERECHO DE LAS ABOGADAS Y LOS ABOGADOS
Las agrupaciones abajo firmantes celebramos y apoyamos el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma a la ley del Consejo de la Magistratura que modificó la cantidad de integrantes del organismo reduciéndola de 20 a 13 miembros, de los cuales 7 pertenecen al sector político y solo 2 al estamento de abogadas y abogados.
La Constitución Nacional le otorga al Consejo de la Magistratura un rol fundamental en el fortalecimiento de la independencia judicial al encomendarle la selección y remoción de los magistrados que integran el Poder Judicial de la Nación.
El fallo destaca la importancia de restaurar el equilibrio en la representación de los distintos estamentos en plazo perentorio exigiendo se duplique el número de miembros del estamento de las abogadas y abogados y se habilite a sus cuatro (4) legítimos representantes a votar en todas las comisiones del Consejo.
Esta sentencia debe cumplirse de inmediato, sin excusas, restaurando la representación de la abogacía, parte fundamental de nuestro sistema de administración de justicia, dueños de la opinión experta de quienes litigando diariamente conocen de manera directa los defectos que es necesario corregir urgentemente en el funcionamiento del Poder Judicial, representantes de los intereses de los justiciables ante los tribunales y, en ejercicio de ese patrocinio y esa representación, garantes de su acceso a la Justicia.
En ese sentido queremos afirmar que, si bien nuestras listas resultaron ganadoras hace tres años tanto en la Capital como en el Interior del país y que en caso de optarse equivocadamente por intentar completar la representación de los abogados según aquella elección sería de aplicación la normativa vigente en aquel momento -tal como sostiene la jurisprudencia de la Corte y la Cámara Nacional Electoral- que disponía un sistema de lista completa (toda la representación para quien resulte primero) por lo que correspondería que propusiésemos a los nuevos miembros del cuerpo, es nuestra convicción que la única forma legítima de cumplir con la manda del máximo tribunal es mediante el llamado a nuevas elecciones que garanticen la posibilidad de votar a todos los profesionales que deseen participar para elegir a los dos miembros nuevos que reestablezcan.
1-
Solicitan al Consejo de la Magistratura de la Nación que, de manera urgente, disponga el llamado a las elecciones de los representantes de las abogadas y de los abogados con reglas claras que aseguren la más amplia participación de los colegas en la selección de quienes los expresen en el cuerpo.
2-
Exhortan al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y a la Federación Argentina de Colegios de Abogados que pongan a disposición los medios a su alcance necesarios para facilitar el cumplimiento en tiempo y forma con lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de manera plural, transparente y ajustada a las exigencias institucionales que la encomienda de la hora supone.
3-
Resaltan la impostergable necesidad de regularizar la situación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, cuyas autoridades poseen su mandato vencido desde hace ya casi 2 años y prorrogado por propia voluntad de las autoridades que detentan su gobierno, sin sustento legal alguno, lesionando así, de manera directa, la defensa del ejercicio de la abogacía al afectar su capacidad de actuar legítimamente en representación de sus miembros.
