CONSEJERO | DR. RAÚL MARIANO ALFONSÍN

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Fortalecimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

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La implementación de políticas de inclusión e igualdad de género.

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Modernización de la justicia

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Promovimos una Declaración en Defensa de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que el Plenario del Consejo aprobó por unanimidad mediante la Resolución 126/2019. En dicha declaración los Consejeros instamos a las autoridades del Gobierno Federal a que se abstengan de avanzar en la tramitación de los concursos públicos para la selección de magistrados con competencia ordinaria en la Ciudad, y se aboquen al traspaso de la totalidad de la denominada Justicia Nacional.

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Promovimos la firma de un convenio con la Facultad de Derecho de la UBA para la realización del Práctico en el Centro de Justicia de la Mujer para que alumnas y alumnos de la Facultad puedan especializarse en la materia.

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Propusimos un proyecto de modificación del Reglamento de Concursos para la Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público en el cual se establece como requisito para participar del proceso de concursos la realización de un curso de capacitación en temas de género, ya sea a nivel universitario o en algún curso dictado por el Centro de Formación Judicial.

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Presentamos un proyecto para actualizar el método de selección de los listados de conjueces ante la eventual necesidad de sustitución de jueces de los fueros. El proyecto prevé que la confección de los listados se realice promoviendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, de modo que lo listados deberán obligatoriamente mantener la paridad de género (50%).

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Impulsamos la aprobación de la estructura del Centro de Estudios de Derecho Público de la Ciudad de Buenos Aires a través de un Convenio Específico con la Facultad de Derecho de la UBA que tiene por objeto promover el desarrollo académico del derecho público de la Ciudad, asistir al Poder Judicial en el diseño de políticas tendientes a mejorar el servicio de justicia, propiciar la inclusión de contenidos de derecho público local en los cursos de grado y posgrado, promover, coordinar y llevar adelante investigaciones en las materias de su competencia; estudiar y propiciar reformas legislativas; y promover la publicación de los estudios destacados en la temática y difundir los resultados de las investigaciones y del desarrollo académico.

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Suspendimos los plazos procesales y se habilitó sólo el tratamiento de las cuestiones urgentes priorizando el trabajo remoto.

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Impulsamos la creación de la Comisión Covid-19 coordinada por el Centro de Planificación Estratégica. La misma fue integrada por la presidencia de ambas Cámaras de Apelaciones, la D.G de Recursos Humanos, la D.G de Mantenimiento, Obras Menores y Seguridad, la D.G de Informática, la Secretaría de Innovación y la participación de las entidades gremiales con la misión central de elaborar los protocolos necesarios para el funcionamiento de la justicia de la ciudad resguardando la salud de los empleados, funcionarios, magistrados y el público en general

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Con el objeto de garantizar a los abogados la posibilidad de trabajar, dejamos sin efecto la suspensión de los plazos procesales de todas aquellas causas que se encontraran completamente digitalizadas y establecimos que las nuevas se iniciaran a través del portal del litigantef.

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Dispusimos el uso obligatorio del sistema EJE (EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO), para la tramitación de las causas lo que conllevó un trabajo complejo y mancomunado entre la Oficina de Defensa del Litigante y la Dirección de Informática del Consejo a los fines de incorporar al sistema a los abogados y abogadas de la matrícula.

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Se creó la MESA DE ENTRADAS VIRTUAL para la recepción de las presentaciones judiciales, constituyendo una nueva alternativa para el ingreso de escritos, que los abogados y abogadas podrán realizar a través de las casillas de mail de los Juzgados o bien a través del Portal del Litigante.

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Seguimos impulsando el proyecto de reglamentación de ingreso al Poder Judicial para garantizar a los abogados y a la comunidad en general el ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial de la Ciudad.

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Aprobamos la reforma del Protocolo de Acceso a la Información Pública para garantizar el cumplimiento de la Ley 104 de Acceso a la Información en el ámbito del Poder Judicial. Este Protocolo establece plazos de cumplimiento obligatorio para brindar la información al solicitante y sanciones para aquellos funcionarios que incumplan con los plazos o no brinden la información a la que se pretende acceder.

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Impulsamos la adhesión del Consejo de la Magistratura, sus dependencias y los juzgados de ambos fueros al plan sello GIRO que tiene por finalidad promover la reducción, reutilización y reciclaje de residuos mediante la certificación por parte del Gobierno de la Ciudad a través del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

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Propiciamos la firma de un Convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo cuyo objeto es la Compra Pública Sustentable. El gasto público representa una oportunidad para que los gobiernos lideren dando el ejemplo y cumplan con sus objetivos a través de las compras públicas sostenibles. Estas permiten aprovechar el poder de los gobiernos para estimular procesos de innovación que minimicen la huella ambiental, social y económica de los distintos bienes y servicios.

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Impulsamos y aprobamos la adhesión y el compromiso de aplicación de los principios del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Sobre la base de la adhesión de este acuerdo que fue ratificado por el Congreso de la Nación, el Consejo de la Magistratura se compromete a respetar y profundizar todos sus principios a fin de promover la eficacia normativa local y nacional vigente y construir una gestión de los recursos de modo eficiente y sostenible.

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Promovimos junto a la Secretaría de Planificación un Plan Anual de Justicia Abierta. Este tiene como objetivo crear un plan coordinado de implementación de todas las reformas de Gobierno Abierto implementadas en todo el Poder Judicial, de manera documentada, estandarizada y con una política homogénea de Justicia Abierta.

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Aprobamos una declaración del Consejo de la Magistratura con respecto a los recortes de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que consideramos que esta medida decretada por el Poder Ejecutivo Nacional afecta directamente el normal desenvolvimiento del Poder Judicial de la Ciudad y repercute en forma negativa en el cumplimiento de la manda constitucional que prescribe el traspaso de competencias de Nación a Ciudad y la consiguiente autonomía de la CABA.

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Con la finalidad de no paralizar -durante la vigencia del APSO- el trámite de los concursos que se encontraban en la etapa de impugnación, confeccionamos un instructivo para realizarlas de manera digital y a distancia.

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Dimos inicio a los concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir seis vacantes de jueces en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, una vacante de Fiscal Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones del Consumo, dos vacantes de fiscal en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, una vacante de juez y otra de secretario para el fuero electoral, y la autoridad de aplicación de la ley de ética pública para el Consejo de la Magistratura.

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También convocamos los concursos 66 y 67 para cubrir las vacantes de Asesor Tutelar en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas; y cinco cargos de Juez de Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.