Informe de Gestión 2019 | 2020

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CONSEJERO | DR. JUAN PABLO MÁS VÉLEZ

Período 2019

PRESENTACIÓN

En nuestro primer año de mandato como representantes de los Abogados de la Capital Federal en el Consejo de la Magistratura de la Nación, presidimos la Comisión de Administración y Financiera, integramos las Comisiones de Disciplina y Acusación y de Comisión de Reglamentación y asistimos a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial.
En cada caso, desarrollamos diversas actividades dirigidas a proponer e implementar mejoras estructurales para el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación, respondiendo a las demandas e intereses que hoy nos plantea la sociedad entera y nuestros representados en especial.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA

APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS EN EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Elaboración del Protocolo de procedimiento para la retención del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación nombrados a partir del año 2017. Implementación de la Ley n° 27.346.

Con motivSo de la sanción de la Ley n° 27.346 que modificó el régimen de impuesto a las ganancias incorporando a Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación a partir del año 2017, y en razón de la delegación recibida por parte del Plenario del Consejo de la Magistratura, nos encargamos de la elaboración de un protocolo para implementar su aplicación. En tal sentido, propiciamos la elaboración de una respuesta consensuada y respetuosa del marco constitucional, que permitiera conjugar los distintos factores que debían ponderarse para avanzar en un asunto de indudable transcendencia institucional y social. Es así que la reglamentación propuesta obtuvo amplio consenso y fue aprobada por unanimidad, logrando así encausar una situación problemática que generaba fuertes tensiones y llevaba décadas sin resolverse.

IMPULSO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD JUDICIAL. Mejora de la calidad del servicio de justicia. Implementación de la Norma ISO 9001 del IRAM en el Poder Judicial de la Nación.

En el marco del Convenio de Cooperación celebrado entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en 2017, impulsamos la creación del Programa de Gestión de Calidad Judicial destinado a aplicar herramientas y técnicas de calidad para la mejora del servicio de justicia a nivel nacional. Concretamente, se trata de asistir técnicamente a la implementación de sistemas de gestión de calidad en los procesos administrativos y jurisdiccionales y de capacitar al personal de las distintas dependencias promoviendo el conocimiento y aplicación de los requisitos de la Norma ISO 9001 del IRAM en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.

ACTIVACIÓN DE COMITÉS DE TRABAJO. Integración de subcomisiones para intensificar y agilizar el trabajo de la Comisión de Administración y Financiera y mejorar la articulación con el Administrador General del Poder Judicial de la Nación.

Impulsamos la puesta en marcha los Comités de Inversiones en Infraestructura y Alquileres, Informática, Erogaciones y Gestión de Recursos Humanos, que habiendo sido creados en 1999 y 2003, no estaban en funcionamiento al llegar a la presidencia de la Comisión. Ello permitió intensificar y agilizar el trabajo de la Comisión y mejorar su articulación con la Administración General del Poder Judicial de la Nación.

SOSTENIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN. Elaboración de anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el año 2020. Informe sobre el reclamo de deuda entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Allí se contempló un incremento significativo en relación al presupuesto del año anterior (un aumento promedio del 70% aprox.), con especial incidencia en el rubro relacionado a Obras de Infraestructura (donde el aumento ascendió al 500% aprox.).
Paralelamente, atendiendo a una discusión que lleva años sin resolverse, motivada en los reclamos económicos que viene efectuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación al Consejo de la Magistratura de la Nación por ciertas transferencias, se labró un informe –que se puso a consideración del Plenario del Consejo– dando cuenta de la improcedencia de tal reclamo y la necesidad de que la Corte disponga la reestructuración de créditos presupuestarios necesarios para garantizar la regularidad financiera de la jurisdicción y la asignación de recursos imprescindibles para encarar obras esenciales para el Poder Judicial de la Nación.

MEDIDAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y TECNOLÓGICA. Informe de situación de edificios del Poder Judicial de la Nación. Solicitud de expropiación de la sede de los Juzgados Federales de Morón. Declaración de Emergencia Judicial. Conclusión del contrato del sistema LEX 100.

Comprometidos con la búsqueda de soluciones reales para los problemas de infraestructura que aquejan al Poder Judicial de la Nación y perjudican el adecuado servicio de justicia, solicitamos un informe a la Administración General para relevar la situación estructural y de funcionalidad de los edificios tanto alquilados como propios del Poder Judicial de la Nación, y las obras necesarias para el correcto mantenimiento y funcionamiento de los mismos, pudiendo identificarse 14 inmuebles en estado crítico que precisan un desarrollo de inversiones urgente.
Asimismo, atendiendo a un conflicto que lleva años sin resolverse, relativa a la sede de los Juzgados Federales de Primera Instancia n° 1, 2 y 3 de Morón, impulsamos la adopción de las medidas pertinentes –por parte de las autoridades competentes– para obtener la expropiación del inmueble y alcanzar una solución definitiva a la problemática planteada.
Paralelamente, habiendo decidido el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación declarar la Emergencia Judicial en materia de infraestructura edilicia y tecnológica en las dependencias del Poder Judicial de la Nación –por el plazo de un año– solicitamos a la Administración General que se expida respecto las medidas que considere necesario adoptar, las disponibilidades existentes para posibilitar el cumplimiento de aquellas y el orden de situación, prioridades y posibles acciones que puedan adoptarse, además de requerirle –entre otras cosas– la elaboración un informe que permita determinar las prioridades de las contrataciones para el año 2020.
Por fin, atendiendo a un problema que lleva años sin resolverse, se logró arribar a una solución para la finalización del contrato del sistema LEX 100 iniciado en 2011, allanando así el camino para que se pueda continuar desarrollando y mejorando el sistema de gestión judicial del Poder Judicial de la Nación para optimizar la eficiencia de la prestación de los servicios de justicia, en beneficio de todos los operadores jurídicos y los justiciables.

COOPERACIÓN CON DIVERSOS ORGANISMOS EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA. Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Modernización de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación para implementación de sistemas informáticos. Convenio de intercambio de información entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación. Convenio de asistencia técnica entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

A partir de la experiencia desplegada en la gestión documental electrónica, impulsamos la celebración de un Acuerdo Específico de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Nación con el objetivo de implementar los sistemas informáticos de gestión de expedientes electrónicos en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Asimismo, en el marco de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal, propiciamos la firma de un Acuerdo Marco de Cooperación y Colaboración entre el Consejo de la Magistratura de la Nación y el Ministerio Público Fiscal y un Convenio Específico de Intercambio de Información entre ambos organismos. Ello, con la finalidad de adoptar un método homogéneo de gestión de investigaciones judiciales penales en los respectivos sistemas informáticos de los organismos, con miras a lograr mayor eficiencia y agilidad en la tramitación de las actuaciones, facilitar el registro y seguimiento de los actos procesales, promover la transparencia y participación ciudadana.
Finalmente, promovimos la suscripción de un Convenio Marco de Asistencia Técnica y Capacitación entre la Facultad de Ingeniería de Universidad de Buenos Aires y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, para la prestación de asistencia técnica y capacitación por parte de la Facultad al Consejo en las materias relacionadas con las incumbencias de las carreras dictadas por ella.

ARTICULACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UBA.

Mantuvimos una reunión con el Departamento de Práctica Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la cual se acordaron una serie de ejes de gestión para facilitar la docencia en el ejercicio de la profesión, como por ejemplo la tramitación de una clave de ingreso que posibilite a los alumnos el aprendizaje vinculado al expediente virtual, la posibilidad de participación de los alumnos en las audiencias que tengan lugar con motivo de los procesos que se patrocinan, entre otros puntos de interés para la enseñanza y práctica del Derecho.

ÁREA DE REGLAMENTACIÓN

DEFENSA DE LA PARIDAD ENTRE ABOGADOS DE LA MATRÍCULA Y MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL. Proyecto para consagrar la paridad entre ellos a los fines de realizar el Programa de Formación de Aspirantes a la Magistratura. Proyecto para equiparar la evaluación del rubro trayectoria en los antecedentes de ellos.

En la inteligencia de que el ingreso a la judicatura debe estar abierto en igualdad a los integrantes del Poder Judicial y a los abogados de la matrícula, propusimos que se asegure la paridad en los cupos entre ellos para la realización del Programa de Formación de Aspirantes a la Magistratura. Asimismo, propiciamos que tal capacitación sea dictada simultáneamente de manera presencial y a distancia para asegurar su accesibilidad a los aspirantes de todo el país.
A su vez, dado que en la actualidad los abogados de la matrícula se encuentran en clara desventaja respecto de los funcionarios judiciales en cuanto al modo de computar la trayectoria de ambos, impulsamos una medida de equiparación. Concretamente, planteamos que así como los funcionarios judiciales son evaluados en tal rubro considerando la sola acreditación de su designación en un cargo, de la misma manera los abogados deben ser evaluados en aquél con la simple acreditación de la matriculación.

DIAGNÓSTICO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO. Proyecto para obtener un diagnóstico sobre percepción de desigualdad de género en el Poder Judicial de la Nación.

Comprometidos con el mandato constitucional de promover la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres, y contando con el aporte de especialistas en la materia, impulsamos un proyecto para obtener la recolección de datos básicos que permitan alcanzar un diagnóstico sobre la situación en la justicia nacional, mediante la técnica de una encuesta anónima sobre percepciones de desigualdad de género dirigida a todos los integrantes del Poder Judicial de la Nación.

PRECISIONES SOBRE RÉGIMEN DE LOS CONSEJEROS. Proyecto sobre el régimen de incompatibilidades de los Consejeros representantes de los abogados de la matrícula federal, del Poder Ejecutivo y del ámbito científico-académico. Proyecto sobre el régimen de licencias de los Consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación.

En el marco de las competencias que emanan del art. 114 de la Constitución Nacional, y a fin de suplir ciertas antinomias y lagunas resultantes de las diversas decisiones legislativas y jurisprudenciales que impactaron sobre la estructura y funcionamiento del Consejo de la Magistratura, planteamos la necesidad de fijar ciertas precisiones acerca del régimen de los consejeros.
Así, concretamente, promovimos que se aclaren los alcances de la imposibilidad de realizar actividades políticas que se exige a los Consejeros representantes de los abogados de la matrícula federal, del Poder Ejecutivo y del ámbito científico-académico, a fin de no cercenar derechos políticos de jerarquía constitucional.
Asimismo, propiciamos que se dicte un régimen de licencias propio para todos los Consejeros, que contemple los supuestos normales y habituales en el ámbito del sector público nacional con las adecuaciones necesarias a la luz de la particular integración y dinámica del organismo.

ÁREA DE DISCIPLINA Y ACUSACIÓN

SUSTANCIACIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS CONTRA MAGISTRADOS. Medidas y dictámenes propuestos en el marco de la investigación de las denuncias presentadas contra magistrados del Poder Judicial de la Nación.

Con el compromiso de velar tanto por el adecuado servicio de justicia como por la independencia judicial, bregamos por la fijación y respeto de criterios objetivos en el examen de las denuncias formuladas contra los magistrados del Poder Judicial de la Nación.

INTEPRETACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN. Propuesta para aclarar y uniformar la interpretación de los artículos 11 y 20 del Reglamento de la Comisión de Acusación y Disciplina.

Con el objetivo de contribuir a sortear una controversia que lleva tiempo sin resolverse, presentamos una propuesta dirigida a aclarar y uniformar la interpretación del alcance de los artículos 11 y 20 del Reglamento de la Comisión. En tal sentido, con el objeto de zanjar cualquier malentendido acerca del verdadero significado de tales disposiciones, planteamos que el primero consagra una notificación, en tanto que el segundo implica una citación, que revisten diversa naturaleza y alcance.

ÁREA DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

DEMANDA EN DEFENSA DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS ABOGADOS DE LA MATRÍCULA FEDERAL. Promoción de una demanda judicial para que se asegure la representación de los abogados de la matrícula federal, con voz y voto, en la “Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial” del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Toda vez que la Ley n° 24.397 –texto conforme Ley n° 26.080– excluye la representación de los Abogados de la matrícula federal en la integración de la “Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial” del Consejo de la Magistratura de la Nación, promovimos una demanda ante la Justicia Federal para que se declare la inconstitucionalidad de esa normativa y, consecuentemente, se exhorte a las autoridades competentes del Estado Nacional (Poder Legislativo y/o Consejo de la Magistratura) a disponer las medidas legislativas y reglamentarias necesarias para incluir la representación de los Abogados de la matrícula federal, con voz y voto, en la integración de la mencionada “Comisión”.
Sin perjuicio de la promoción de tal proceso judicial, que se encuentra en pleno trámite y hasta tanto se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda, hemos concurrido a las reuniones de la Comisión para hacer llegar la voz de los abogados de la matrícula federal en tan importante ámbito del Consejo de la Magistratura.

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INTEGRACIÓN DE LOS JURADOS PARA LOS CONCURSOS. Propuesta de actualización de las pautas para la integración de los jurados de los concursos de oposición de magistrados del Poder Judicial de la Nación.

Dentro del marco de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, impulsamos una actualización de las pautas observadas para la integración de los jurados que intervienen en los concursos de oposición para cubrir vacantes de magistrados en el Poder Judicial de la Nación. Ello, a fin de que asegurar que todos aquellos que sean llamados a desempeñar esta función posean conocimiento y experiencia suficiente en el campo puntual de las competencias en las que el futuro magistrado tendrá que entender y resolver, evitando que actúen jurados que carezcan de afinidad con las materias en cuestión.

Período 2020

PRESENTACIÓN

En nuestro segundo año de mandato como representantes de los Abogados de la Capital Federal en el Consejo de la Magistratura de la Nación integramos la Comisión de Administración y Financiera, cuya presidencia mantuvimos.

Como es sabido, gran parte del período ha estado atravesado por la emergencia de la pandemia de Covid-19, lo cual exigió concentrar los esfuerzos en el desafío de bregar por el adecuado funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Nación frente una emergencia inédita en nuestra historia institucional.

Con tal panorama, planteamos diversas ideas y medidas destinadas a promover e implementar respuestas coyunturales y mejoras estructurales para la debida administración de justicia, en atención a las demandas e intereses que nos plantea la sociedad en general y nuestros representados en especial.

Seguidamente ofrecemos una breve síntesis de algunos de los principales temas que impulsamos y de los que participamos activamente.

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIERA

ÁREA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y ESCUELA JUDICIAL

ÁREA REGLAMENTACIÓN

ÁREA DE DISCIPLINA Y ACUSACIÓN